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sábado, 9 de septiembre de 2017

Ejecución hipotecaria. Vencimiento anticipado. Escritura de compraventa con subrogación en el préstamo hipotecario suscrito por la Promotora Constructora. La Sala entiende que si en la escritura de subrogación no se pacta expresamente una nueva cláusula de vencimiento anticipado, la simple aceptación genérica de las cláusulas del préstamo otorgado a la promotora no es bastante para la aplicación de dicho vencimiento anticipado. Un pacto que regla los efectos del incumplimiento de la obligación de una Promotora-Constructora, respecto a la entidad que le proporciona financiación, para tal efecto, la promoción y construcción de todo un complejo/edifico sometido rígidamente a unos plazos, no puede ser sin más y de forma automática trasladable al consumidor en un negocio diverso y distinto, cuando a mayor abundamiento, tal subrogación es de todo punto genérico y sin mayor precisión. Confirma la inadmisión a trámite de la demanda de ejecución hipotecaria.

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 9ª) de 6 de abril de 2017 (D. Gonzalo María Caruana Font de Mora).

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PRIMERO. Banco de Sabadell SA presentó demanda de ejecución hipotecaria contra Clemente y Victoria, siendo el titulo la escritura de compraventa con subrogación y modificación de préstamo hipotecario de 18/7/2006, por la que aquellos asumen la hipoteca sobre dicho inmueble constituida en escritura pública de 7/4/2004 otorgada con la Promotora Constructora. Como los prestatarios dejaron de abonar cinco cuotas de mayo a septiembre de 2013, la entidad bancaria declaró vencida anticipadamente la deuda.
El Juzgado Primera Instancia dio trámite de alegaciones previas sobre posible nulidad el pacto de interés de demora y comparecieron los ejecutados que alegaron dicho carácter abusivo no solo de tal pacto sino de otros más.
El Juzgado Primera Instancia dictó auto declarando que el pacto de interés de demora era nulo por abusivo y se despachó ejecución.
Los ejecutados plantearon oposición alegando concurrir hasta nueve cláusulas abusivas en el contrato.
El Juzgado Primera Instancia dicto auto que limitado al marco del artículo 695-1-4º de la Ley Enjuiciamiento Civil, ciñó al carácter abusivo al pacto del vencimiento anticipado y decretó estimar la oposición y el sobreseimiento de la ejecución.
Se interpone recurso de apelación por la parte demandante ejecutante invocando en esencia y sumario, la validez del pacto de vencimiento anticipado, el número de cuotas que sirvió para el ejercicio de la facultad (5) y que en todo caso se aplicase la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 23/12/2015 para que se revocase el auto del Juzgado Primera Instancia por otro que desestime la oposición y acuerde la prosecución de los trámites de ejecución.
La parte ejecutada apelada instó la confirmación del auto recurrido.

Procesal Civil. Intervención voluntaria de tercero. La sala entiende que el auto por el que no se admite la solicitud de intervención voluntaria de un tercero no es una “resolución definitiva” y, por tanto, no cabe contra el mismo recurso de apelación.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 9ª) de 6 de abril de 2017 (D. José María Pereda Laredo).

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SEGUNDO.- El auto apelado no admitió la intervención voluntaria de un tercero, D. Juan Pedro, en el proceso promovido por D. Alonso contra la Comunidad de propietarios de la CALLE000, nº NUM000, de Madrid, en el que impugnaba el acuerdo sobre el punto 8º del orden del día adoptado por la Junta de propietarios celebrada el día 16 de abril de 2015.
La primera cuestión objeto de examen ha de ser si el referido auto es susceptible de ser apelado. El artículo 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece, en lo que ahora interesa, que son apelables « Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale ». El apelante alega que se trata de un "auto definitivo que pone fin a la pretensión de esta representación en el presente pleito".
Lo que es un auto definitivo viene definido en el artículo 207.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : « Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas ». Por tanto, solo cuando se trate de una resolución que ponga fin a la primera instancia cabrá admitir el recurso de apelación contra ella; pero no es equivalente "poner fin a la primera instancia" y "resolver definitivamente una determinada cuestión", pues el mero hecho de que se decida por el juzgador de primera instancia una cuestión cualquiera no la convierte en "definitiva" a efectos de ser apelada. Dicho de otra forma, el término "definitivo/a" hay que entenderlo, no en su acepción coloquial, sino en la estrictamente jurídica, esto es, conforme a lo que es una resolución definitiva según la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procesal Civil. Terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto. Para el adecuado análisis de la concurrencia de tal institución, se hace preciso: 1. Fijar con precisión cuál sea el objeto del proceso; 2. Determinar el interés legítimo para la parte instante de tal proceso implícito en las peticiones que integran tal objeto procesal; 3. Determinar cuáles sean las circunstancias fácticas sobrevenidas que pueden determinar la carencia del objeto; y 4. Comprobar que dicha supresión del objeto controversial litigioso conlleva la desaparición del interés legítimo de parte que sustentaba su recurso a la vía judicial.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 10 de marzo de 2017 (D. Francisco de Borja Villena Cortés).

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Motivo primero del recurso: cuestión procesal, carencia sobrevenida de objeto.
(8).- Enunciado del motivo. El recurso interpuesto por parte de ARTE Y DISEÑO DE JARDINERÍA SL y TYRESTA SPAIN SLU señala que la pretensión deducida por Adrian Y OTROS ha decaído en el efecto que pudiera llega a tener, de modo que el litigio ha quedado de forma sobrevenida carente de objeto litigioso, lo que debería haber sido apreciado por el Juez de lo Mercantil al dictar el Auto de fecha 22 de septiembre de 2011, tal cual se alegó en la primera instancia.
(9).- (Argumentación). En tal sentido, en el motivo se aduce que:
(i).- En el Suplico de la demanda de Adrian y OTROS se pide que, de un lado, se declare la nulidad de la transmisión de las acciones de Fleurop-Interflora España SA, efectuada por ARTE Y DISEÑO DE JARDINERÍA SL a favor de TYRESTA SPAIN SLU, y de otro, se condene a las demandadas a notificar en la forma prevista en los Estatutos Sociales, su deseo de transmitir las acciones, para seguir el resto de los trámites estatutarios para dar lugar al derecho de adquisición preferente.
(ii).- Pero la sociedad Feurop-Interflora España SA ha sido extinguida como consecuencia de su fusión con la entidad CS Interflora SA, con desaparición de sus acciones y con pérdida de eficacia de sus estatutos sociales.
(iii).- Con ello, resulta ya inútil el efecto que pueda tener la resolución del presente litigio para los supuestos intereses de Adrian y OTROS, ya que no podrá tener lugar la pretensión material de ejercicio del derecho de adquisición preferente.
(10).- Tratamiento legal de la carencia sobrevenida de objeto. Dispone el art. 22.1 LEC que " cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente, o por cualquier otra causa (...) se decretará (...) la terminación del proceso (...) ".

viernes, 8 de septiembre de 2017

La AP revoca el auto de inadmisión de una demanda de desahucio por precario por falta de identificación de los demandados. Entiende la Sala que si no se conoce el nombre del demandado, pero se sabe donde reside, y se indica su lugar de residencia como elemento que permite identificarle, no hay razón para no admitir a trámite la demanda, pues el demandado queda concretado e individualizado, no pudiendo haber confusión alguna, ya que el actor quiere demandar a aquella persona que, aun cuando no conozca su nombre, sabe que reside en un determinado domicilio que aporta al Juzgado, domicilio que además constituye el objeto del proceso, por cuanto es el que el demandante quiere recuperar.

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (s. 5ª) de 4 de abril de 2017 (D. JOSÉ HERRERA TAGUA).

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PRIMERO.- Por el Procurador Don Faustino, en nombre y representación de la entidad Bankia, S.A., se presentó demanda de desahucio por precario contra los actuales e ignorados ocupantes de la finca de su propiedad, sita en CALLE000 núm. NUM001, de Sevilla. Por parte del Juzgado se dictó Auto que inadmitió a trámite la demanda, al no estar identificados los demandados. Contra la citada resolución se interpuso recurso de apelación por la entidad actora, a los efectos de que se admitiera la demanda.
SEGUNDO.- Conforme al artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio verbal principiará por demanda, con el contenido y forma propio del juicio ordinario. Por su parte el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el juicio principiará por demanda en la que: "consignados de conformidad con lo que establece el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio en que puedan ser emplazados...". El artículo 155.2 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que el demandante indicará cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para su localización.
A tenor de estos preceptos es requisito de la demanda que se indique el domicilio del demandado donde pueda ser emplazado o los datos que permitan localizarlo, pero lo que no se exige es que el actor conozca su nombre y apellidos. Basta cualquier circunstancia que permita identificarlo. Y una circunstancia es el lugar de su residencia habitual. Si no se conoce el nombre del demandado, pero se sabe donde reside, y se indica su lugar de residencia como elemento que permite identificarle, no hay razón para no admitir a trámite la demanda, pues el demandado queda concretado e individualizado, no pudiendo haber confusión alguna, ya que el actor quiere demandar a aquella persona que, aun cuando no conozca su nombre, sabe que reside en un determinado domicilio que aporta al Juzgado, domicilio que además constituye el objeto del proceso, por cuanto es el que el demandante quiere recuperar.

Intervención voluntaria adhesiva. Se revoca el auto que desestimaba la solicitud de intervención voluntaria adhesiva formulada por una constructora en un proceso por defectos constructivos en el que solo estaba demandada la promotora y vendedora de la obra. La sala entiende que la constructora ha acreditado tener un interés legítimo en el resultado del procedimiento por cuanto una eventual sentencia estimatoria de la demanda le afectaría por el efecto reflejo de la cosa juzgada y el derecho de repetición que la entidad demandada tiene frente a ella.

Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid (s. 3ª) de 4 de abril de 2017 (D. Miguel Ángel Sendino Arenas).

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PRIMERO. La representación procesal de la mercantil CONSTRUCTORA PEACHE S.A. interpone recurso de APELACION contra el Auto dictado de la instancia que acuerda no haber lugar a la intervención voluntaria adhesiva simple de la entidad CONSTRUCTORA PEACHE SA. en las presentes actuaciones.
Alega como motivos, en síntesis; infracción de lo por inaplicación e interpretación indebida de lo dispuesto en el artículo 13 de la LEC sobre la intervención de tercero dentro de un proceso así como de la doctrina que sobre este instituto ha sentado la Sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre de 2011, habiendo quedado suficientemente demostrado, y reconocido en resoluciones precedentes dictadas por la misma Audiencia, la existencia en favor de la recurrente de un interés legítimo, en el resultado del presente procedimiento y que por cuanto la resolución que pudiera dictarse le podrían producir un efecto indirecto o reflejo. Pide por todo ello se dicte nueva resolución que revoque la de instancia y acuerde haber lugar a la intervención voluntaria adhesiva simple de la recurrente en el presente procedimiento ordinario 529/2015.
Se opone a este recurso la parte demandante, Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000, solicitando su desestimación e íntegra confirmación del auto apelado.

Ejecución del Decreto de aprobación de la tasación de costas. Se confirma la denegación del despacho de la ejecución instada por ser el demandado titular del beneficio de justicia gratuita. Señala la sala que la declaración de haber venido a mejor fortuna corresponde a la comisión de Asistencia Jurídica gratuita. No habiendo acreditado la parte ejecutante que se ha declarado que el ejecutado ha venido a mejor fortuna, no procede el despacho de ejecución solicitado.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 10ª) de 4 de abril de 2017 (Dª. María Begoña Pérez Sanz).

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PRIMERO.- La presente apelación trae causa en la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Jacobo García García en nombre y representación de ORANGE ESPAGNE, S.A.U. de ejecución de título procesal contra D. Andrés, solicitando la ejecución de la tasación de costas realizada en el Procedimiento Ordinario 650/2014 por importe de 2.701,90 euros de principal.
SEGUNDO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 se dictó auto por el que se denegaba el despacho de la ejecución instada por ser el demandado titular del beneficio de justicia gratuita, y por no ser titular del crédito la entidad ejecutante, sino FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U.
Contra dicho auto se alza en apelación la parte actora alegando que la concesión del beneficio de justicia gratuita no impide, según la jurisprudencia ultima instar la ejecución de la tasación de costas, a fin de averiguar si el obligado al pago ha venido a mejor fortuna. ...
TERCERO.- ... En cuanto al primero de los motivos de apelación, la parte actora sostiene que el auto infringe la más reciente jurisprudencia que considera que es viable el despacho de ejecución a pesar de que la parte contraria tenga el beneficio de justicia gratuita, a fin de que se pueda averiguar si la parte demandada ha venido a mejor fortuna, a través de la averiguación patrimonial.
El articulo 36 de la LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA establece "1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquélla.

Nulidad de cláusula de vencimiento anticipado. Sobreseimiento del proceso de ejecución hipotecaria.

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 6ª) de 4 de abril de 2017 (D. Vicente Ortega Llorca).

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PRIMERO.- En palabras de la STS Sala de lo Civil, pleno, de 24 de febrero de 2017, nº 123/2017 : «Según reiterada jurisprudencia tanto del TJUE -actualmente o en sus denominaciones anteriores- (sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, C-11/70; 9 de marzo de 1978, Simmenthal, C-106/77; 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, C-314/85; y 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C-409/06,) como del TC (sentencias 28/1991, de 14 de febrero; 58/2004, de 19 de abril; 78/2010, de 20 de octubre; y 145/2012, de 2 de julio, entre otras muchas), los jueces nacionales, en su condición de jueces de la Unión, están obligados a salvaguardar la efectividad del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.» De otro lado, el cumplimiento del interés público impone al juez nacional el deber de tutelar, de oficio, al consumidor en sus relaciones contractuales con profesionales, como se extrae, en particular, de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recaídas en interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que proclaman su control de oficio por el órgano judicial del Estado miembro, sin necesidad de previa alegación por el consumidor[entre otras STJUE de 27 de junio de 2000 (asunto Murciano Quintero), STJUE de 21 de noviembre de 2002 (asunto Cofidis), STJUE de 26 de octubre de 2006 (asunto Mostaza), STJUE de 4 de octubre de 2007 (asunto Rampion), STJUE de 4 de junio de 2009 (asunto Pannon), STJUE de 6 de octubre de 2009 (asunto Asturcom), STJUE de 9 de noviembre de 2010 (asunto Pénzügyi Lízing), STJUE de 17 de diciembre de 2009 (asunto Eva Martín), ATJUE (Sala Sexta) de 11 de junio de 2015, en el asunto C-602/13.]

jueves, 17 de agosto de 2017

Nulidad de cláusula suelo. Retroactividad. Costas procesales. El TS reitera la doctrina que impone las costas de las instancias a la entidad financiera cuando se estima el recurso de casación del consumidor orientado, en un litigio sobre cláusula suelo, a obtener la restitución íntegra de lo pagado en virtud de la cláusula suelo, se casa la sentencia recurrida y, en funciones de instancia, se desestima el recurso de apelación del banco que, entre otras cuestiones, impugnaba la restitución íntegra acordada en primera instancia.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

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PRIMERO.- Antecedentes.
En el presente caso la sentencia de apelación limitó temporalmente los efectos restitutorios derivados de la declaración de la nulidad de la cláusula suelo, al seguir el criterio fijado, en sentencia de esta sala de 9 de mayo de 2013
Esta sala en su reciente sentencia de pleno nº 123/2017, de 24 de febrero, ha adoptado su jurisprudencia anterior a los pronunciamientos del TJUE en materia de devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la cláusula suelo y ha establecido lo siguiente:
«En consecuencia, procede modificar la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de la denominada cláusula suelo, toda vez que la citada STJUE de 21 de diciembre de 2016 ha considerado que:
»a) La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y equivale a privar con carácter general, a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.
»b) Dicha jurisprudencia nacional sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo; y tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE. »
La sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila limita en el tiempo los efectos restitutorios de esta nulidad, con los siguientes argumentos:

Modificación de medidas. Eficacia de la sentencia que extingue o modifica la cuantía de los alimentos. Cada resolución judicial despliega su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- La sentencia recurrida extingue loa alimentos que el padre venía abonando a su hijo, mayor de edad, desde la sentencia de 30 de junio de 2005, dictada en el procedimiento 628/2005, con efectos desde la fecha de interposición de la demanda, y no desde la sentencia del Juzgado, como se resolvió en la primera instancia.
La sentencia tiene en cuenta que el hijo está trabajando desde abril del 2013, percibiendo 800 € mensuales netos, «lo cual permite concluir que a la fecha de la interposición de la demanda, el 31 de octubre del 2013, ya no era merecedor del derecho a la pensión de alimentos, y puesto que no le ampara en este momento el título judicial dictado en su día, a la sazón, la sentencia de divorcio de fecha 30 de junio 2005 ».
Considera la sentencia lo siguiente:
« (...) se justifica que la pensión de alimentos se extinga a fecha de la sentencia, cuando la cuestión se plantea en sede de procedimiento de modificación de medidas, y en aquellos supuestos en los que dicho hijo con anterioridad a la fecha de la sentencia no ha tenido, de modo estable, permanente y suficiente, recursos económicos para su propia manutención.
»En los demás casos, por regla general, sí, por contra, como es el supuesto que se analiza, se acredita que el hijo ya mayor de edad estaba trabajando al momento de la interposición de la demanda, percibiendo ingresos suficientes, e incluso superiores a la cuantía establecida en concepto de alimentos, poniendo ello de manifiesto el demandante en el escrito rector, interesando expresamente en el presente proceso la extinción de tal derecho con efectos desde la interposición de la demanda, es claro que en estos supuestos no se debe posponer el efecto de la extinción de los alimentos al momento de la sentencia que recae en el procedimiento de modificación de medidas en el que se ha debatido sobre la extinción de dicho derecho».

Acción de nulidad de contrato de inversión del producto complejo por error vicio (bono estructurado «Le Mans»). Caducidad de la acción. Estándar de información exigible a la empresa que opera en el mercado de valores. Responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de información y contravención de la buena fe.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
1. El presente caso plantea, como cuestión de fondo, el incumplimiento grave de los deberes de información al cliente respecto del asesoramiento financiero como título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos como consecuencia de la pérdida, significativa, de valor del producto financiero adquirido.
2. En síntesis, doña Esperanza, el día 7 de febrero de 2007, acudió a la oficina de Bankinter con la finalidad de solicitar la contratación de un depósito a plazo fijo. En la oficina, su asesora personal, le propuso contratar en su lugar un producto financiero que ofrecía una mayor rentabilidad. Dicho producto, denominado «Bono Le Mans», emitido por la sociedad Natixis Structured Products, estaba vinculado al comportamiento de una cesta de acciones (BNP FP y CALYON). La contratación se realizó ese mismo día, y la cliente adquirió 50 títulos de 1000 € por un valor nominal de 50.000 € y con fecha de vencimiento de 13 de febrero de 2008. El 8 de febrero de 2007, se cargó en la cuenta corriente el importe de la referida compra.
El 15 de mayo de 2007, la cliente recibió el abono de cupones del Bono Le Mans, por importe íntegro de 2.600 € y líquido de 2.043,77 €. A partir de esa fecha no se produjeron abonos de cupones y los extractos de 8 de noviembre y 10 de diciembre de 2007 reflejaron una pérdida progresiva del valor de cotización del bono, 37.770 € y 35.085 €, respectivamente.
El 12 de diciembre de 2007, la cliente recibió un correo electrónico, de la directora de banca privada de Bankinter, en la que se le informó de la muy probable amortización con pérdidas del bono estructurado, en torno al 30%, por lo que se le ofreció una alternativa con la venta anticipada de dicho bono y la compra de un nuevo bono estructurado por el mismo importe.
El 21 de diciembre de 2007, se procedió a la venta del bono estructurado Le Mans por un importe de 34.500 € y a la compra de un nuevo bono estructurado, Le Mans 2, por un valor nominal de 50.000 € y con un importe líquido de 34.500 €. En este caso, el nuevo bono estuvo vinculado al comportamiento de las acciones de Credit Agricole, Commerzbank y Fortis.

Demanda de nulidad de producto financiero denominado “Nota Estructurada”. El gravamen necesario para apelar. Inaplicabilidad del Derecho inglés por falta de consentimiento del contratante adherente. La legitimación pasiva en las acciones basadas en el incumplimiento o en la imposibilidad de cumplimiento de los contratos de adquisición de productos financieros complejos ofertados por las empresas de inversión. La imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación en los contratos aleatorios de naturaleza especulativa.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- Ha resultado acreditado en la instancia que el demandante, D. Obdulio, firmó el 27 de marzo de 2008 una orden de compra, cuya confirmación recibió el siguiente 2 de abril, del producto financiero denominado «Nota Estructurada Autocancelable 3 bancos europeos abril 2013» (en adelante, la Nota) que según la información publicitaria se caracterizaba por:
- Vencimiento: 5 años con posibilidad de cancelación anticipada en cada fecha de observación anual.
- Activo subyacente: tres valores del sector bancario europeo: BBVA, Fortis y Barclays.
- Nivel inicial: precio de cierre oficial de las dos acciones que componen la cesta el día 14 de abril de 2008.
- Comportamiento de la Nota:
Cupones anuales:
· Si en cada fecha de observación anual, las tres acciones cotizan igual o por encima del 90% del nivel inicial, la Nota se cancela devolviendo el 100% del capital inicial y un cupón del 17%.
· Si en cada fecha de observación anual, las tres acciones cotizan igual o por encima del 50% del nivel inicial, la nota paga un cupón del 17% y pasa al siguiente año.
· En caso contrario, es decir si alguna de las tres acciones cotiza por debajo del 50% del nivel inicial, la Nota no paga cupón y pasa al siguiente año.
· A vencimiento (si la Nota no se ha cancelado anticipadamente):
· Si las tres acciones cotizan igual o por encima del 50% del nivel inicial, la Nota devuelve el 117% del nominal invertido.
· Si al menos una de las acciones cotiza por debajo del 50% del nivel inicial, el inversor recibe la acción con peor comportamiento en una cantidad equivalente a la siguiente expresión: Número de acciones a entregar = Nominal inicial / Nivel inicial peor acción.
Ejemplo Indicativo:
- Nominal inicial = 100.000 EUR
- Nivel inicial por acción = 10 EUR
- Nivel final (año 5) peor acción = 4 EUR
- Número de acciones a entregar = 100.000/10 = 10.000 acciones
- Valor final de la cartera = 10.000 x 4 = 40.000 EUR
Por este motivo, la Nota no está garantizada en la fecha de vencimiento.
El mismo documento contiene las condiciones indicativas del producto, entre las que destacan:
Emisor: Morgan Stanley & Co. International Plc (MSI Plc)
Distribuidor: Morgan Stanley Wealth Management S.V, S.A.U.
ISIN: XS0355136390
Capital Garantizado: No. Si a vencimiento alguna de las 3 acciones cotiza igual o por debajo del 50% del nivel inicial el inversor recibe la acción con peor comportamiento.
Cupón: La Nota paga cupón del 17% si en cada fecha de observación anual las 3 acciones cotizan igual o por encima del 50% del nivel inicial de referencia. Si además las 3 acciones cotizan igual o por encima del 90%, la Nota se autocancelaría devolviendo el 100% del capital inicial, además de ese cupón del 17%.
Beneficios: La Nota está referenciada a tres de los valores más representativos del sector bancario europeo.

Demanda de declaración de error judicial. El plazo previsto en el art. 293.1. a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es de caducidad. Se trata de un plazo breve (tres meses desde el día en que pudo ejercitarse la acción) y perfectamente definible, por lo que debe ser objeto de aplicación estricta pues no puede dejarse al interesado la disponibilidad de fijar el día inicial de tal plazo (dies a quo) cuando lo considere oportuno.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- El error judicial cuya declaración se pretende recae sobre el auto de fecha 1 de marzo de 2016, notificado el día 3 de marzo de 2016, «por no aplicación del artículo 228.2 de la LEC, que impone las costas al vencido en el incidente excepcional de nulidad de actuaciones EX LEGE, sin que el juez tenga margen o discrecionalidad para la condena».
SEGUNDO.- Es doctrina constante de esta sala (sentencias 851/2003, de 16 de septiembre, 559/2009, de 16 de julio, 864/2010, de 16 de diciembre, 358/2015, de 30 de junio, 49/2017, de 26 de enero, entre otras) que el plazo previsto en el art. 293.1. a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es de caducidad. Se trata de un plazo breve (tres meses desde el día en que pudo ejercitarse la acción) y perfectamente definible, por lo que debe ser objeto de aplicación estricta pues no puede dejarse al interesado la disponibilidad de fijar el día inicial de tal plazo (dies a quo) cuando lo considere oportuno.
También ha declarado la sala que la exigencia de agotar previamente los recursos previstos en el ordenamiento no supone que el interesado pueda manejar a su antojo el dies a quo del plazo de caducidad de la acción a través de la artificiosa interposición de recursos cuya inadmisión sea por demás predecible al no ajustarse los mismos a los requisitos legalmente establecidos.
Por ello, si bien es cierto que no procedería la declaración judicial de error mientras no se agoten previamente los recursos previstos en el ordenamiento (artículo 293.1.f de la Ley Orgánica del Poder Judicial), ello ha de entenderse referido a los recursos procedentes (o, al menos, de dudosa procedencia) pero no cuando el recurso es manifiestamente improcedente, pues el plazo de caducidad no puede prorrogarse, suspenderse ni interrumpirse artificialmente mediante la interposición de recursos manifiestamente improcedentes.

Nulidad de cláusula suelo. Retroactividad. Ineficacia de cosa juzgada material del pronunciamiento contenido en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, que limitaba el efecto restitutorio derivado de la nulidad de las cláusulas suelo enjuiciadas a la publicación de esa sentencia, dado que no vincula a los procedimientos posteriores en los que se ejercitaba una acción individual por consumidores que no consta hubieran sido determinados individualmente en aquella sentencia.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
El 14 de septiembre de 2006, Ovidio e Natividad concertaron con Caja de Ahorros de Galicia (luego Banco Novagalicia y hoy Abanca, S.A.) un préstamo con garantía hipotecaria, de 145.000 euros, que debía devolverse en 420 cuotas mensuales. El interés pactado era variable, referido al Euribor más un diferencial de 0,75. El contrato contenía una cláusula suelo y techo, por la que se preveía que el interés en ningún caso sería superior del 9,75%, ni inferior al 3,25%.
2. Ovidio e Natividad interpusieron una demanda contra Banco Novagalicia, para que se declarara que la cláusula suelo era abusiva, y por ello nula. En consecuencia, solicitaban que se condenara a Banco Novagalicia a restituir las cantidades que hubiera podido cobrar en exceso, por aplicación de dicha cláusula, más el interés legal desde la fecha de su cobro.
3. El juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda, pues declaró la nulidad de la cláusula suelo, por falta de transparencia, y condenó a Banco Novagalicia a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas en aplicación de la cláusula suelo, que hasta febrero de 2013 ascendían a 11.973,10 euros, más los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda.
4. Banco Novagalicia recurrió en apelación la sentencia de primera instancia. La Audiencia estimó en parte el recurso, porque confirmó la nulidad de la cláusula suelo, pero, como entendió que regía el criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el carácter retroactivo de esta nulidad, declaró:
«no procede la devolución de las cantidades abonadas por los actores a la mercantil demandada en aplicación de la cláusula ilícita antes de la publicación de la STS 249/2013 ».

jueves, 27 de julio de 2017

Contrato de adquisición de obligaciones subordinadas. Nulidad por vicio del consentimiento. El canje obligatorio por acciones de la misma entidad impuesto por el FROB y su posterior venta no son actos confirmatorios. Tampoco privan al adquirente de su acción de anulabilidad.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

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PRIMERO.- Resumen de antecedentes.
1.- El 25 de noviembre de 2008, D. Modesto y Dña. Agueda contrataron con la entidad Caixa Catalunya (actualmente, BBVA S.A.), la adquisición de 120 títulos de obligaciones de deuda subordinada Catalunya Caixa, por importe de 60.000 €.
El 8 de febrero de 2011, los mismos adquirentes compraron otros 30 títulos de la misma emisión, por un importe total de 15.000 €. Y el 31 de mayo de 2011, hicieron lo propio respecto de otros 36 títulos, por 18.000 €.
2.- Tales obligaciones subordinadas fueron canjeadas obligatoriamente por acciones de Catalunya Banc S.A., en cumplimiento de la Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de Resolución de Catalunya Banc, SA, aprobado el 27 de noviembre de 2012 por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea.
Tras el canje obligatorio, las acciones adquiridas podían ser vendidas voluntariamente al Fondo de Garantía de Depósitos entre el 17 de junio y el 12 de julio de 2013. Tras dicha venta, los Sres. Modesto y Agueda obtuvieron 83.009,26 €, por lo que su pérdida se concretó en 23.990,74 €.
Al tiempo del canje, los Sres. Modesto y Agueda presentaron un escrito en el que manifestaban aceptar la oferta de canje por ser obligatoria y como medio de intentar recuperar el máximo del capital invertido, pero sin aceptar quita alguna ni renunciar a las acciones legales que pudieran corresponderles.
3.- Los Sres. Modesto y Agueda interpusieron demanda de juicio ordinario contra Catalunya Banc S.A., en la que solicitaron que se declarase la nulidad de los contratos antes indicados por falta de consentimiento, por infracción de norma imperativa o por error vicio del consentimiento, con la consiguiente restitución de las prestaciones; o subsidiariamente, la resolución del contrato por incumplimiento; y subsidiariamente, que se declarase que la demandada había incumplido sus obligaciones de asesoramiento, condenándola a indemnizar los daños y perjuicios causados.

Acción de resarcimiento de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual. Interrupción del plazo de prescripción en caso de denuncia en vía penal y ello aunque el Juzgado de Instrucción haya archivado la denuncia sin realizar investigación alguna sobre los hechos denunciados. La entidad de las actuaciones que integren el proceso penal antecedente resulta irrelevante en orden a su eficacia interruptora -o, en su caso, impeditiva del comienzo- de la prescripción extintiva de la acción de responsabilidad civil extracontractual.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

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PRIMERO.- El problema que suscitan los recursos formulados: extraordinario por infracción procesal y casación, es el de la prescripción de la acción ejercitada en la demanda. Una acción que tiene su origen en el accidente ocurrido el día 24 de junio de 2011 cuando el menor Rubén hacía uso de la atracción de feria consistente en una instalación elástica propiedad del codemandado, don Victoriano, con seguro de responsabilidad civil en la Compañía Axa, también demandada, sufriendo la fractura supracondilea de codo izquierdo.
Los hechos que han tenido en cuenta para estimar prescrita la acción son los siguientes:
(i) El accidente ocurre el día 24 de junio de 2011.
(ii) La estabilización de las lesiones se produce a principios de diciembre de 2.011.
(iii) Se inician unas Diligencias Previas -las núm. 789/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Almendralejo-, y se produce su simultáneo sobreseimiento mediante auto de 1 de agosto de 2012.
(iv) La demanda se formula el 11 de enero de 2013
Considera la sentencia recurrida que las actuaciones penales no enervan el instituto civil de la prescripción, y cita para justificarlo una sentencia de la Audiencia provincial de La Rioja de 16 de febrero de 2.007, en el sentido siguiente: «si en un proceso penal incoado no se acuerda, ni practica actuación material o procesal alguna, sino que tales actuaciones se reducen al auto de incoación, sobreseimiento y archivo, no pueden tener propiamente el carácter de diligencias penales, sin que resulten aplicables, en consecuencia, los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, configurados para la existencia de un verdadero proceso penal. Y, en este caso, no tiene la caracterización de proceso penal, pues, ni siquiera comenzó, por lo que la referida actuación judicial no determina ninguna interrupción del plazo prescriptivo de la acción civil».

Guarda y custodia de una niña menor de un año nacida de una relación extramatrimonial. El TS confirma la sentencia que concede la guarda y custodia a la madre con un régimen progresivo de visitas. Confirma la no concesión de la guarda y custodia compartida que se pedía por el padre a partir de los dos años de edad de la hija. Sostiene que parece prematuro decidir para cuando la hija tenga esa edad, cuyas circunstancias familiares y de todo tipo se desconocen, y será más prudente esperar y modificar el régimen de guarda y custodia en su momento, con mayor conocimiento de causa y, por tanto, con mejor valoración del interés del menor, con un adecuado informe psicosocial y un plan contradictorio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

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PRIMERO.- Resumen de Antecedentes
Son hechos relevantes de las instancias para la decisión del recurso los que se exponen a continuación:
1.- D. Lucio presentó una demanda de medidas paterno-filiales en la que, con fundamento en haber mantenido una relación extramatrimonial con doña Rocío, de la que nació una hija, de nombre Otilia y de dos meses de edad, solicitaba como medida definitiva:
Que se acuerde atribuir la guarda y custodia de la hija menor de edad a la madre, con patria potestad compartida por ambos progenitores, hasta los dos años de edad con un amplio régimen de visitas a favor del padre, siendo a partir de entonces la guarda y custodia compartida entre ambos progenitores.
2.- La sentencia de primera instancia decidió que la patria potestad se ejerciera por ambos progenitores, pero confió la guarda y custodia de la menor a la madre, si bien concediendo al padre un régimen de visitas progresivo, que se tornaba muy amplio a partir de que la hija tuviese un año de edad.
3.- Don Lucio interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia, cuyo conocimiento correspondió a la sección vigesimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, que dictó sentencia el 12 de julio de 2016 por la que desestimaba el recurso interpuesto.
4.- La audiencia motiva su decisión siguiendo una precisa metodología en su exposición:
(i) En primer lugar, y en sintonía con los pronunciamientos de esta sala, recoge con amplitud los efectos positivos de la guarda y custodia compartida.
(ii) Sin embargo, añade que no puede afirmarse que la guarda y custodia compartida constituya una solución única que valga para todas las situaciones de ruptura matrimonial con hijos.
(iii) A continuación expone las razones por las que no se aventura a establecerla para un momento futuro, cuyas circunstancias se ignoran en la actualidad.

Resolución de una compraventa por parte de los compradores que alegan no haber conseguido la financiación necesaria para proceder al pago como consecuencia de la adversa coyuntura económica. Se desestima. Cláusula rebus sic stantibus. No procede su aplicación en los casos de mera dificultad de financiación del deudor. La invocación de la situación de crisis económica no permite al comprador eludir las consecuencias previstas en el contrato para el caso de desistimiento o incumplimiento, pues la falta de obtención de financiación es un riesgo que corre de su cuenta, no de la del vendedor.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2017 (Dª. María de los Ángeles Parra Lucan).

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PRIMERO.- El litigio causante del presente recurso de casación versa sobre la pretensión de resolución de una compraventa por parte de los compradores que alegan no haber conseguido la financiación necesaria para proceder al pago como consecuencia de la adversa coyuntura económica. El contrato de compraventa contiene una cláusula en la que se prevé que si los compradores desisten del contrato o incumplen las obligaciones previstas en el mismo perderán las cantidades entregadas, pudiendo los vendedores quedarse con las cantidades percibidas en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Pero los compradores sostienen que no es aplicable tal cláusula porque ni han desistido ni han incumplido el contrato ya que, si no pudieron pagar, fue por no haber podido obtener financiación.
1.- En lo que interesa para la resolución del recurso, la sentencia de la Audiencia contiene la siguiente relación de hechos probados:
«En fecha 27 de agosto de 2007, D. Onesimo y D.ª Adriana suscribieron documento privado por el que conferían a la entidad 3 X TRES FINQUES SCCL mandato y provisión de fondos de 500 euros para las gestiones de la compra de la finca sita en la CALLE000 n.º NUM000, NUM001 de Sabadell, con plaza de parking y trastero, por el precio total de 334.000 euros.
»Mediante el mandato los otorgantes autorizaban a 3 X TRES FINQUES SCCL para concertar en nombre y representación del Sr. Onesimo y la Sra. Adriana el contrato de arras o el de compraventa, dándose por consumada en ese momento su condición de mediadora.
»Queda expresamente pactado que los honorarios por 3 X TRES FINQUES por las gestiones encomendadas son de 9.000 euros, honorarios que están incluidos en el precio total.
»La parte compradora se obliga a presentar a la entidad mandataria la documentación precisa para la tramitación del préstamo hipotecario correspondiente en el plazo máximo de 5 días, en caso de no aportarlo se considerará que desiste de la compra.
»2) En fecha 21 de septiembre de 2007, D. Cirilo y D.ª Remedios como vendedores y D. Onesimo y D.ª Adriana como compradores, suscribieron un contrato privado de compraventa de la vivienda sita en la CALLE000 n.º NUM000, NUM001 de Sabadell, con plaza de garaje y trastero anejos, afecta a una hipoteca a favor de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.