Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

domingo, 15 de octubre de 2017

Procesal Civil. Estudio sobre si la condena en costas contiene una obligación mancomunada o solidaria, en el caso de una pluralidad de obligados a satisfacerlas. En el caso concreto la Sala aplica la regla de la solidaridad pues con independencia de la dicción del art. 1137 CC existe solidaridad impropia entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por el ilícito culposo, con pluralidad de agentes y concurrencia de causa única, lo que hace deba preferirse el vínculo de solidaridad.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 18ª) de 16 de mayo de 2017 (D. Pedro Pozuelo Pérez).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Que la única cuestión que se plantea en el recurso es la determinación de si la condena en costas contiene una obligación mancomunada o solidaria, en el caso de una pluralidad de obligados a satisfacerlas.
La doctrina general no exenta de numeras excepciones de la práctica de las Audiencias Provinciales siguiendo la tónica general impuesta ha venido siguiendo en este tema el criterio de la mancomunidad.
Así Asturias en fecha 20 de julio de 2002: Ya en cuanto al fondo del asunto, aun reconociendo que la citada cuestión de si la condena en costas es mancomunada o solidaria no es pacífica en la práctica judicial, en supuestos como el de autos en que por no interesarse en la demanda que la misma fuera solidaria, la sentencia que las impuso no establece esa naturaleza, esta Sala ya se ha pronunciado sobre la misma en ocasiones precedentes, resolviéndola en sentido contrario al propugnado en la sentencia de primera instancia, lo que determina deba ser acogido el presente recurso.
En efecto, en nuestros autos de fecha 24 de noviembre de 1994 y 5 de marzo de 1995, nos hemos decantado por el carácter mancomunado de la condena en costas cuando no se establece en la sentencia expresamente la solidaridad y ello con apoyo en que al no señalar la LECiv (a diferencia de la LECrim que en su art. 240.2 ª opta por el criterio de la mancomunidad) la naturaleza de la obligación de pago de costa cuando son varios los condenados, ha de aplicarse la regla general el art. 1137 del CC, dado que la condena en costas aun cuando sea una obligación de origen procesal tiene un indudable naturaleza civil, que además es independiente a la obligación principal, al estar sometida su imposición al régimen establecido en las Leyes procesales, de ahí que no pueda aceptarse la tesis de la parte favorecida en este caso por la condena en costas en orden a que ésta necesariamente ha de seguir el mismo camino que la condena principal.

Oposición a la ejecución. El art. 561 LEC se pronuncia sólo en materia de costas respecto de la total estimación o desestimación de las causas de oposición a la ejecución pero no se menciona el supuesto de estimación parcial, ya sea de la oposición como de la demanda de ejecución. Distinción entre las costas de la ejecución y las costas propias del incidente de oposición, con objeto de imponer al ejecutado las costas, al menos, de la ejecución, aunque no las del incidente a la vista de la estimación parcial de su oposición.

Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (s. 5ª) de 15 de mayo de 2017 (D. Ramón Romero Navarro).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- En el artículo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), relativo a la resolución de la oposición por motivos de fondo, en su punto 1.1ª, se prevé que « el auto que desestime totalmente la oposición condenará en las costas de ésta al ejecutado, conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para la condena en costas en primera instancia».
En el punto 2 se prevé que « si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará ésta sin efecto (...) y «se condenará al ejecutante a pagar las costas de la oposición».
Es decir, el citado precepto se pronuncia sólo en materia de costas respecto de la total estimación o desestimación de las causas de oposición a la ejecución pero no se menciona el supuesto de estimación parcial, ya sea de la oposición como de la demanda de ejecución, pues no se olvide que el de ejecución es un proceso que se inicia por demanda y que si bien la oposición que pueda plantearse es muy limitada, especialmente cuando de ejecución de títulos judiciales se trata, la articulación de medidas que en parte sean inapropiadas atendido el fallo para la ejecución de éste, puede suponer al fin y a la postre una estimación parcial de la demanda y correlativa estimación parcial de la oposición entendida ésta en sentido genérico, con lo que ello conlleva si el legislador para las costas se remite al 394 de la Lec.
En estos casos en los que no existe condena en costas cuando hay una estimación parcial de la oposición, hay quien considera que procede hacer una distinción entre las costas de la ejecución y las costas propias del incidente de oposición, con objeto de imponer al ejecutado las costas, al menos, de la ejecución -aunque no las del incidente a la vista de la estimación parcial de su oposición-. Así expresamente en el párrafo 2º del artículo 539.2 de la LEC se prevé que « las costas del proceso de ejecución -salvo aquellas actuaciones en las que se prevea por la ley expreso pronunciamiento sobre costas- serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición». Parece claro que ello no ha de significar que el ejecutado no deba responder del perjuicio, aunque sea «parcial», que sí ha causado al ejecutante.

Vencimiento anticipado. Demanda de juicio monitorio por impago de cinco préstamos al consumidor. La AP confirma el auto del juzgado del juzgado de primera instancia que inadmite la demanda de juicio monitorio tras declarar la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado insertas en los referidos contratos de préstamo puesto que tales cláusulas repercutían decisivamente sobre cómo debió ser el abono de las cuotas de los préstamos, y sobre el monitorio a iniciar con base al impago de las mismas, desnaturalizando además el saldo final que se reclama como debido, y haciendo improcedente tanto el vencimiento anticipado como el procedimiento monitorio iniciado a partir de ello.

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 11ª) de 15 de mayo de 2017 (D. Manuel José López Orellana).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- La mercantil ING Bank NV Sucursal en España formuló demanda de proceso monitorio frente a Dª. Soledad en exigencia del importe principal de 61.552,46 euros, como deuda líquida contraída por la demandada por el impago de los cinco préstamos sucesivamente suscritos por la demandada con la actora una vez que los declara anticipadamente resueltos en fecha 2 de diciembre de 2014 por el incumplimiento de la demandada del calendario de pagos previstos.
Y de manera previa a la admisión de la demanda es requerida la demandante por el Juzgado de primera Instancia para subsanación respecto al interés aplicado en cada contrato y cláusula aplicada en la petición de gastos de los recibos de impago, y tras ser evacuado el traslado se confiere uno nuevo a las partes para que se pronunciasen sobre la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de las cláusulas relativas al interés de demora y al vencimiento anticipado, lo que se contesta por las mismas, tras lo que recae auto de fecha 28 de junio de 2016 declarando abusiva la condición general 10ª de los cinco contratos de préstamo relativa al vencimiento anticipado e inadmitiendo la demanda.
Resolución que es apelada por la demandante.
SEGUNDO. - Expone la recurrente el no haber sido interpretada la cláusula de vencimiento anticipado conforme a su significado real, puesto que la referencia a "cualquiera de las obligaciones" no significaba que lo fuese al impago de una sola cuota mensual, pues la obligación de pago del principal era única con independencia de que se fraccionase en diversas mensualidades como amortizaciones periódicas a fecha fija a efectos de la devolución, lo que conllevaba el que, para acudir al vencimiento anticipado, debía entenderse incumplida la única obligación de pago, lo que determinaba el que se produjese el incumplimiento suficientemente reiterado y grave en el pago de las cuotas, acaecido por el impago respectivo, en cada uno de los contratos, de un total de 20 cuotas, acudiéndose al vencimiento anticipado tras ello. Al que se podría acudir, incluso, sin dicho pacto por el indicado grave incumplimiento de la demandada de su obligación de pago, sin que fuera obstáculo lo dispuesto en el artículo 1129 CC, y atendiendo a los criterios jurisprudenciales que indica y gravedad del incumplimiento y circunstancias concurrentes en el caso concreto.

sábado, 14 de octubre de 2017

Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas en contratos con consumidores que vinculan el contrato a la voluntad del empresario. Servicio público de cesión de bicicletas en vías urbanas. Cláusula que establece que en caso de litigio sobre el periodo máximo de utilización autorizada de la bicicleta por el cesionario, prevalecerán los datos entregados por el servidor informático del cedente. El TS entiende que no es abusiva una cláusula que establece una presunción que admite prueba en contrario.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2017 (D. Pedro José Vela Torres).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Resumen de antecedentes
1.- La compañía mercantil El Mobiliario Urbano S.L.U. es concesionaria del servicio de transporte público en bicicleta del Ayuntamiento de Valencia, mediante contrato administrativo de 15 de enero de 2010, con una duración de veinte años. Dicho servicio consiste básicamente en la puesta a disposición del público (mediante un sistema de usuarios registrados denominado «Sistema Valenbisi») de 2.500 bicicletas, estacionadas en 250 soportes colocados en las vías urbanas de la ciudad (áreas de aparcamiento y puntos de anclaje).
2.- El Mobiliario Urbano S.L.U. predispuso unas condiciones generales de acceso y utilización del sistema Valenbisi, que figuran en su página web. El único modo de inscripción en el sistema es a través de la página web de la concesionaria. Para darse de alta en el sistema, los usuarios deben aceptar dichas condiciones generales.
3.- El sistema Valenbisi tiene tres modalidades de abono: abono de larga duración (más de siete días naturales); abono de corta duración (siete días naturales o menos); y abono asociado (abono de larga duración obtenido a través de organismos o entidades concertadas).
4.- Las condiciones generales disponen que el tiempo máximo de utilización consecutiva de la bicicleta será de 24 horas. Si se sobrepasa, la empresa podrá ejecutar la fianza obligatoria que debe prestar todo usuario de corta duración (150 €), o imponer sanciones económicas equivalentes para el resto de abonados; así como acordar la baja temporal o definitiva del sistema.

Modificación de medidas. Custodia compartida. Uso de la vivienda cuando los hijos adquieren la mayoría de edad. Eficacia del convenio regulador en el que se pactó la atribución de la vivienda a la madre e hijas mientras éstas convivan con ella. El convenio es, por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos típicos, como atípicos, como es el que ahora nos ocupa.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Antecedentes.
1.- Demanda ejercitada y sentencia de primera instancia.
El presente recurso trae causa de la demanda de modificación de medidas definitivas de divorcio promovida por el ahora recurrente, frente a su ex esposa, en la que solicitaba la extinción de la atribución en exclusiva del uso de la vivienda familiar de propiedad conjunta con aquella, al haber adquirido las hijas en común la mayoría de edad.
La atribución del derecho de uso de la vivienda se atribuyó a la esposa y a las hijas en el convenio regulador del procedimiento previo de divorcio, con el siguiente tenor literal: «El uso de la vivienda familiar sita en [...], se adjudica a la Sra. Carlota. En dicha vivienda convivirá junto a sus dos hijas, Marisa y Raquel ».
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda ejercitada, en el sentido de atribuir temporalmente el uso de la vivienda familiar a la esposa, con estipulación de un plazo temporal de cuatro años.
Considera el juzgador que es constante la doctrina y la jurisprudencia que viene estableciendo que en ausencia de hijos o cuando éstos sean independientes, el derecho de uso del domicilio conyugal no puede prolongarse de forma indefinida, pues ello supondría vulnerar otros derechos, también legítimos, que le puedan corresponder al copropietario respecto el inmueble. Y que de acuerdo con la jurisprudencia citada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, adquirida la mayoría de edad de las hijas en común, no constituye su interés un interés digno de protección al amparo del art. 96.3 CC.
No obstante, pondera el juzgador cómo el interés más necesitado de protección, en el supuesto examinado, el de la esposa, a la vista de los ingresos de uno y otro ex cónyuge, por lo que se atribuye a ésta el derecho de uso pero limitado temporalmente a un período de cuatro años, de acuerdo con lo solicitado por el actor el escrito de conclusiones.

Guarda y custodia compartida. Se deniega. Esta modalidad de custodia conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017 (D. EDUARDO BAENA RUIZ).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.
Son hechos relevantes de la instancia para la decisión del recurso los que se exponen a continuación:
1.- Justiniano, hoy recurrente, interpuso una demanda de modificación de las medidas acordadas en la sentencia divorcio, en la que se atribuyó a la madre la guarda y custodia del hijo del matrimonio, en la que solicita el establecimiento de la guarda y custodia compartida del menor por semanas alternas entre ambos progenitores, sin obligación a cargo de ninguno de ellos de abonar pensión alimenticia sino la de ingresar cada progenitor 150 euros mensuales para los gastos del menor.
2.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda con los siguientes argumentos:
(i) Teniendo en cuenta que la demanda de divorcio es del mes de septiembre de 2010, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2013, tras su análisis, supone un cambio de interpretación de los tribunales en cuanto al régimen de custodia compartida; por lo que la jurisprudencia viene admitiendo que ese cambio de orientación funciona como modificación de las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de solicitar y establecer el régimen de guarda y custodia.
Por tanto se entiende que respecto a la guarda y custodia compartida se ha practicado una modificación suficiente de circunstancias, por lo que la valoración que se ha de hacer es si el régimen propuesto es adecuado al interés del menor.
(ii) Las relaciones entre los progenitores son conflictivas en cuanto a régimen de visitas, habiendo sido la madre denunciada en dos ocasiones, aunque fuese absuelta, así como en cuanto a las decisiones sobre actividades extraescolares del menor.
(iii) No se pone en tela de juicio la buena relación del menor con el padre, la capacidad de este para ejercer de tal, así como la cercanía de los domicilios de ambos progenitores.
(iv) No obstante, el principal elemento para que el menor no se vea perjudicado es que los padres tengan un buen entendimiento en el ejercicio de la guarda y custodia compartida, y en el caso no se da, siendo éste el argumento fundamental para denegarla, pues el nuevo régimen perjudicaría el desarrollo del menor.
(v) Existe un informe pericial favorable a la guarda y custodia compartida, que no se valora por ser de parte y emitido sin entrevista con la madre. Se echa en falta un informe judicial.

Contrato de seguro. Riesgos excluidos en las Condiciones Generales de la póliza (siniestros que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta del uso de estupefacientes no prescritos médicamente). Se cumplen las sxigencias establecidas en el art. 3 LCS para validez y eficacia de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado: a) con relación al requisito del especial resalte, aparte de una llamada expresa a los riesgos excluidos que se realiza desde las condiciones particulares al condicionado general, vienen suficientemente destacadas en «negrita» y son fácilmente detectables por el asegurado; b) no son complejas, sino de fácil entendimiento por el asegurado; y c) la póliza aparece firmada por el asegurado tanto en las condiciones particulares, como en las condiciones generales, en la forma que exige la jurisprudencia citada.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017 (D. José Antonio Seijas Quintana).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Los recursos de infracción procesal y de casación se formulan contra la sentencia que ratifica la del juzgado y desestima la reclamación de don Juan Ignacio y doña María Luisa contra la mercantil Cajamar Vida, SA. La reclamación se ampara en su condición de beneficiarios de una póliza suscrita con fecha 24 de agosto de 2006 por su hijo, D. Nicanor, fallecido el día 13 de marzo de 2012, y que asciende a la suma de 120.000 Eur., de los que 60.000 Eur. lo son en concepto de capital asegurado por fallecimiento y los otros 60.000 Eur., en concepto de capital adicional en caso de fallecimiento por accidente.
La sentencia recurrida mantiene la del juzgado, que desestimó la demanda, con los siguientes argumentos que han sido objeto de impugnación:
1 «...el siniestro acaecido constituye uno de los riesgos excluidos en las Condiciones Generales de la póliza suscrita, concretamente en el artº. 2, apartado e), referido a siniestros que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta del uso de estupefacientes no prescritos médicamente. Se añade que también el art. 4.12 de las Garantías Complementarias excluye, además de los siniestros del art 2, los siniestros causados intencionadamente por el asegurado, que, a su vez, también se excluye en el artº. 4.2.2 apartado a).
2 »....las Condiciones Particulares de la póliza no contienen exclusión ni cláusula limitativa, salvo una remisión de carácter genérico e indeterminado de que "...el tomador recibe y acepta las Condiciones Generales y Particulares del seguro y especialmente las cláusulas limitativas de sus derechos y exclusiones que se resaltan en negrita". Evidentemente, dicha remisión no induce a confusión y además tampoco resulta insuficiente para aceptar que cumple las exigencias del artº. 3 de la LCS. (Obsérvese, que en este caso el asegurado firmó las Condiciones Particulares de la póliza en los términos que hemos indicado y asimismo consta también su firma expresa en las Condiciones Generales, aceptando específicamente las cláusulas limitativas de sus derechos que se destacan por estar impresas en la "letra negrita" en las citadas Condiciones Generales. Por tanto, y contrariamente a lo afirmado en el recurso, esa remisión genérica contenida en las Condiciones Particulares no induce a confusión alguna y asimismo cumple con lo dispuesto en el artº. 3 de la LCS. Nótese, que la aceptación del asegurado se lleva a cabo en un documento "ad hoc", suscrito de manera indubitada, autónoma e independientemente, como exige el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de julio de 2006, entre otras. Es evidente, por tanto, que no existe duda de la expresa voluntad del asegurado en asumir de forma consciente las citadas cláusulas limitativas de sus derechos, correctamente identificadas en el documento y que ha declarado conocer».

jueves, 12 de octubre de 2017

Préstamo hipotecario. Nulidad de la cláusula que impone el prestatario el pago de los gastos de Notario, Registrador, Gestoría y Tasación. Validez de la cláusula que le impone el pago de los Tributos.

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas de Gran Canaria de 10 de octubre de 2017 (Pte: Juan José Cobo Plana, en sustitución ordinaria).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- 2.1. Sobre la nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario el pago de los gastos notariales y de registro, la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas (sección 4ª) de 7 de julio de 2017 dice lo siguiente:  
“PRIMERO.- La parte apelante únicamente impugna el pronunciamiento de la Sentencia relativo a la declaración de nulidad de la cláusula undécima relativa a la imposición de Gastos de Registro y Notaría.
Tomando como referencia la reciente y magnífica sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada de 26 de mayo de 2017 (Pte: D. JESUS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU) debemos señalar lo siguiente:  
Primero. Gastos notariales  
Con carácter previo, debemos precisar que los gastos en tela de juicio son los relativos a la constitución de préstamos hipotecarios, no los gastos derivados de la compraventa del inmueble.  
El artículo 63 del Reglamento del Notariado, comienza: “La retribución de los Notarios estará a cargo de quienes requieran sus servicios y se regulará por el Arancel notarial”.
Las escrituras de préstamo hipotecario formalizan dos negocios jurídicos de distinta naturaleza y que gozan de autonomía sustantiva, el contrato de préstamo y el negocio constitutivo de un derecho real de hipoteca. Pero esa diversidad negocial no se traduce arancelariamente en una pluralidad de conceptos minutables, el préstamo, por su cuantía, y la hipoteca, por el importe que garantiza. Prevalece, por el contrario, la consideración unitaria del conjunto negocial y de ella se deriva el que se aplique el arancel por un solo concepto, el préstamo hipotecario. La base minutable en el préstamo hipotecario se determina, de conformidad con la legislación fiscal, a la que se remiten directamente los aranceles (norma 4ª.2), atendiendo al importe global de las obligaciones que asume el prestatario y que resultan garantizadas con hipoteca, esto es, a la cifra de responsabilidad.  

Proceso de revisión. Estimación. Existencia de maquinación fraudulenta por realizarse el acto de comunicación por edictos pese a conocer la parte demandante el domicilio personal de la demandada. No cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o indirecta de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación. En consecuencia, el actor tiene la carga procesal de que se intente dicho acto en cuantos lugares existe base racional suficiente para estimar que pueda hallarse la persona contra la que se dirige la demanda y debe desplegar la diligencia adecuada en orden a adquirir el conocimiento correspondiente, aunque no cabe exigirle una diligencia extraordinaria.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017 (D. RAFAEL SARAZA JIMENA).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
TERCERO.-  Existencia de maquinación fraudulenta por realizarse el acto de comunicación por edictos pese a conocer la parte demandante el domicilio personal de la demandada
1.- Como se ha expuesto anteriormente, la parte demandante no comunicó al juzgado el domicilio personal de la demandada, en el que esta había recibido algún burofax remitido por la parte demandante, pese al resultado negativo del acto de comunicación practicado en el local objeto de la acción de desahucio, lo que determinó que se citara a la demandada por edictos y no llegara a su conocimiento la existencia del proceso.
2.- La sentencia 307/2017, de 17 de mayo, con cita de otras anteriores, declaró:
«1.- Como recordaba la sentencia de 1 de marzo de 2016, acudiendo a las de 10 de junio de 2013  y 15 de octubre de 2012, tiene dicho la Sala que la maquinación fraudulenta «[c] onsiste en una actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión ( SSTS de 5 de julio de 1994, 22 de mayo de 1996 y 19 de febrero de 1998 ).
»2.- Una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta que permite la revisión de la sentencia es aquella en que incurre quien ejercita una acción judicial cuando oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando que lo desconoce para interesar que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía ( STS de 14 mayo 2003, 9 de mayo de 2007, 6 de septiembre de 2007 ). Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por haber mudado de habitación.

Modificación de medidas. Atribución posterior a la madre del domicilio que había dejado de tener la condición de familiar la condición de tal cuando el convenio aprobado judicialmente atribuía el uso al padre que no tenía la guarda y custodia del menor. Se estima el recurso. El padre no puede desentenderse de las necesidades de habitación del hijo menor, pero ello habrá de ser planteado en el ámbito del derecho a alimentos (artículos 142 y ss. CC) y no como atribución posterior del uso de una vivienda que, habiendo sido familiar, perdió tal condición.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- El primero de los motivos se formula por infracción de lo dispuesto por el artículo 96 CC, en relación con las sentencias -cuya doctrina consideraba infringida- 671/2012, recurso 2050/2011, de 5 de noviembre de 2012; 193/2013, recurso 864/2011 de 15 de marzo de 2013; 5/2015, recurso 2178/2013, de 16 de enero de 2015 y 284/2016, recurso 129/2015, de 3 de mayo de 2016.
El recurrente argumenta que no procede la atribución de la vivienda que ha efectuado la sentencia recurrida, cuyo uso y propiedad le fueron atribuidos en exclusiva por liquidación de la sociedad de gananciales; vivienda en cuyo uso cesó doña Macarena, la cual adquirió y es propietaria de otra vivienda en la que reside con el menor y que reúne todos los requisitos para cubrir sus necesidades. Argumenta que el artículo 96 CC se aplica en defecto de acuerdo aprobado por el juez y en el presente caso hubo convenio y ya no hay vivienda familiar. Invoca en el desarrollo argumental de este motivo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que recoge la sentencia 284/2016, recurso 129/2015, de 3 de mayo de 2016.
El motivo segundo se formula por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en cuanto se accede a una modificación de medidas teniendo en cuenta un posible hecho futuro, sin que por tanto concurran los requisitos que exige la doctrina jurisprudencial para ello.
Se plantea así la posible pérdida del carácter familiar de la vivienda, cuyo uso se atribuyó al progenitor por el convenio aprobado en la sentencia de divorcio, en la cual dejaron de vivir la madre y el hijo común de acuerdo con lo pactado. Sobre ello, se cita como más reciente de las sentencias dictadas por esta sala la 284/2016, recurso 129/2015, de 3 de mayo de 2016. En dicha sentencia se dice lo siguiente:

miércoles, 11 de octubre de 2017

Facultad moderadora de la pena atribuida al juez en el art. 1154 CC. La moderación de la pena queda condicionada a la concurrencia del supuesto previsto en el precepto, esto es, que la obligación hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Pero no cabe moderación de la pena cuando la misma hubiera sido prevista para sancionar, precisamente, el incumplimiento producido.

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2017 (Dª. María de los Ángeles Parra Lucan).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- ... B) El segundo motivo denuncia infracción del art. 1154 CC. Cita las sentencias de esta sala de 4 de abril de 2011 y de 23 de octubre de 2014.
En el desarrollo del motivo la parte recurrente argumenta que la cláusula penal incluida en la estipulación 3.5.2 del contrato celebrado tenía, de acuerdo con el art. 1152 CC, una función coercitiva y liquidatoria de los daños y perjuicios que causaría a Belfasa el incumplimiento de la obligación garantizada. Partiendo de esa configuración, y con cita de la sentencia de 3 de diciembre de 2014, argumenta que cuando la cláusula penal está prevista para un determinado incumplimiento, aunque fuera parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del art. 1154 CC. Sostiene que puesto que, como quedó acreditado en la instancia, Prosavi no concurrió al otorgamiento de la escritura pública, que era un supuesto que determinaba la aplicación y eficacia de la cláusula penal, la cláusula penal debía aplicarse en los propios términos establecidos conforme a la libre voluntad negocial de las partes, sin posibilidad de moderación, al concurrir el presupuesto expresamente tenido en cuenta al tiempo de su establecimiento.
C) El tercer motivo denuncia infracción del art. 1255 CC. La parte recurrente advierte la íntima conexión de este motivo con el anterior y en su desarrollo argumenta que las partes, al amparo de su autonomía de la voluntad, pactaron una cláusula penal que vincularon al cumplimiento de la concreta obligación de otorgamiento de la escritura pública de compraventa y las obligaciones que llevaba consigo el pago de la parte del precio devengado al tiempo del cumplimiento y exigibilidad de tal obligación concreta. Entiende que la sentencia recurrida, al vincular la cláusula penal al total del pago del precio y a los daños y perjuicios que causaran el incumplimiento de tal obligación, ha infringido el principio de libertad de pactos consagrado en el art. 1255 CC.

Arrendamiento para uso distinto de vivienda. Si no está pactado no cabe el desistimiento unilateral por parte del arrendatario. Es necesario algo más que el silencio o la no recepción de las llaves, para considerar aceptada la resolución unilateral. El arrendador puede exigir el cumplimiento del contrato y reclamar las rentas debidas y las rentas pendientes hasta la finalización de la duración del contrato.

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2017 (D. FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
CUARTO.- Motivo único; submotivos primero y segundo.
«Motivo único.- Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.
»1.º) Infracción del art. 11 por aplicación indebida de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su redacción aplicable al caso, es decir la anterior a la dada por la Ley 4/2013, de 4 de junio.
»2.º) Infracción del art. 4.1 del Código Civil, según el cual procede la aplicación analógica de la norma cuando ésta no contempla un supuesto específico, pero regula otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este precepto legal, recogida, entre otras, en las sentencias de 20 de febrero de 1988, 18 de mayo de 1002, 21 de noviembre de 2000 y 28 de junio de 2004, según la cual, en base a la exposición de motivos del decreto de 31 de mayo de 1974 que probó el texto articulado del título preliminar del Código Civil, la aplicación del método analógico se condiciona a la existencia de una verdadera laguna legal y a la similitud jurídica esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado, debiendo acudirse para resolver el problema al fundamento de la norma y al de los supuestos configuradores».
1. Se alega la infracción del art. 11 de la LAU, por aplicación indebida de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, en su redacción aplicable al caso, es decir, la anterior a la dada por Ley 4/2013, de 4 de junio. Alega que la sentencia recurrida fundamenta la extinción de los contratos en la aplicación analógica del art. 11 LAU, de aplicación exclusiva a los arrendamientos de vivienda, sin que acoja ningún otro de los argumentos aducidos por la arrendataria, rechazando la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus como causa invalidante del desistimiento unilateral de los contratos de arrendamiento. Esta aplicación analógica, indica el recurrente, no encuentra refrendo en la jurisprudencia del TS en los casos como el presente en que el arrendador no acepta el desistimiento y opta por exigir el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir el arrendatario con el plazo de duración del arrendamiento libremente pactado y, por tanto, a pagar las rentas que se devenguen hasta la conclusión de dicho plazo, citando al respecto varias sentencias de distintas AAPP que resuelven en el sentido propuesto por el recurrente. Añade que las sentencias que cita la sentencia recurrida para fundamentar su decisión contemplan supuestos distintos al que nos ocupa y en su mayor parte vienen referidas a contratos de arrendamiento regidos por la LAU de 1964 y contemplan la aplicación del art. 56, ya suprimido en la nueva LAU.

Modificación de medidas. Pensión compensatoria. La transformación de la pensión establecida con carácter indefinido en temporal puede venir dada por la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, y alcanzarse, por tanto, la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de este desequilibrio; juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2017 (D. ANTONIO SALAS CARCELLER).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Seguido proceso de divorcio para la disolución del matrimonio integrado por don Conrado y doña Mariana, que tenían dos hijas mayores de edad, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 85 de Madrid fijó -como medidas definitivas- la atribución del uso de la vivienda a doña Mariana hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, una pensión de alimentos a favor de cada hija de 400 euros mensuales a cargo del padre y una pensión compensatoria a favor de la esposa por importe de 650 euros mensuales, durante un plazo de tres años, atendiendo al hecho reconocido de que la Sra. Mariana trabajaba por cuenta ajena antes y después del matrimonio, cesando en su actividad laboral en el año 2001, momento en que las hijas contaban con 8 y 5 años de edad. La sentencia razona en el sentido de que
«[...]No puede discutirse tampoco la capacidad de la demandada para incorporarse al mercado laboral, pues admite su formación en idiomas y su formación académica, no pudiendo estimarse justificado padecimiento de salud que la incapacite para el trabajo (...) en atención a su edad es evidente que cuenta con aptitud para incorporarse al mercado laboral, resultando prudente fijar la limitación que reclama el demandante [...]».
Se interpuso recurso de apelación por la demandada y la Audiencia Provincial de Madrid, sección 22.ª, lo estimó parcialmente aumentando la cuantía de la pensión compensatoria a 850 euros mensuales, con eliminación del límite temporal, sin perjuicio de que se pudiera acudir a una modificación de medidas si varían posteriormente las circunstancias. Afirma la Audiencia que

lunes, 2 de octubre de 2017

Procesal Civil. Procedimiento de ejecución hipotecaria. Admisión de la oposición por defectos procesales. El art. 695 LEC cuando señala que "sólo se admitirá la oposición" por alguna de las causas que establece ese precepto, se está refiriendo a las causas de oposición de fondo o materiales (entendidas como las que liberan total o parcialmente al deudor de cumplir con la obligación exigida), pero no a las causas de oposición procesales contempladas en el art. 559 LEC.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 1ª) de 2 de mayo de 2017 (Dª. Amelia Mateo Marco).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO. Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de apelación.
Promovido procedimiento de ejecución hipotecaria a instancia de BANCO BILBAO ARGENTARIA, S.A., la ejecutada, Doña Lucía formuló incidente de oposición en el que alegó como motivos de oposición que la entidad titular de la garantía hipotecaria era ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A., y además, la existencia de cláusulas abusivas, en concreto, la de interés moratorio y la fijación del IRPH como interés de referencia en el interés ordinario.
La entidad ejecutante impugnó la oposición y el Juzgado ha dictado Auto en el que desestima la oposición por no apreciar la absuvidad de ninguna cláusula, ni " tampoco otros motivos de oposición que puedan enmarcarse en algunos de los supuestos enumerados en la Ley de Enjuiciamiento Civil ".
La ejecutada se alza contra dicha resolución única y exclusivamente por lo que se refiere a la falta de legitimación activa de la ejecutante por no ser titular de la garantía hipotecaria cuya ejecución se pretende.
La ejecutante se ha opuesto al recurso alegando, en síntesis, que no estamos ante una cesión de crédito hipotecario, que es a lo que se refieren las argumentaciones de los los ejecutados, sino ante una fusión de dos sociedades. ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A., fue absorbida por BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., que le sucedió en todas las relaciones jurídicas, e integrado su patrimonio en BBVA, por lo que la hipoteca inscrita a nombre de ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A., debe entenderse inscrita a nombre de BANCO BILBAO ARGENTARIA, S.A.

Procesal Civil. Depósito para recurrir. Defecto, omisión o error en la constitución del depósito. Concesión a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto. Controversia sobre si la parte recurrente en apelación tiene, para la constitución del depósito, todo el plazo del recurso de apelación o sólo el plazo de dos días concedido para la subsanación por el letrado/a de la administración de justicia.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 1ª) de 2 de mayo de 2017 (Dª. MARIA TERESA MARTIN DE LA SIERRA GARCIA-FOGEDA).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera instancia y en apelación.
La parte demandada en el procedimiento de juicio ordinario 207/16, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Barcelona, Don Santiago, presentó recurso de queja contra el auto dictado el 6 de febrero de 2017 por dicho Juzgado, por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 13 de enero del corriente, por el que se acordaba no tramitar el recurso de apelación presentado por dicha parte, declarando la firmeza de la sentencia dictada el 30/11/16.
SEGUNDO.- Derecho a recurrir en casos especiales. Depósito.
Los apartados 6 y 7 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LO 1/2009, dicen lo siguiente:
"6. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo.
La admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo si se trata de resoluciones interlocutorias, a la presentación del recurso de queja, al presentar la demanda de rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, o al anunciarse o prepararse el mismo en los demás casos, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal, la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado. El Secretario verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos.
7. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.
Si el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su caso de documentación acreditativa.
De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la demanda, quedando firme la resolución impugnada ".

Procesal Civil. Recurso de apelación. Impugnación de la sentencia. La impugnación que autoriza el art. 461 LEC a quien inicialmente no hubiera apelado es un recurso autónomo cuyos límites y alcance no vienen condicionados, convirtiéndose el impugnante en verdadero apelante en los concretos puntos que especifique.

Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid (s. 1ª) de 2 de mayo de 2017 (D. José Ramón Alonso-Mañero Pardal).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
SEGUNDO.- La primera cuestión que debe resolverse en este trámite procesal es la atinente a la pertinencia del recurso de apelación que interpone Dª. María Esther cuando conforme a lo establecido en el artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil le es dado traslado para oponerse al recurso de apelación interpuesto de contrario y, en su caso, formular impugnación de la resolución recurrida en cuanto le resulte desfavorable, siendo así que lo que hace propiamente es interponer el recurso de apelación que debió formular en el plazo legal de veinte días desde la notificación de la resolución, lo que bien pudiera determinar ahora la extemporaneidad de esta apelación y consiguiente declaración de inadmisión de la misma.


sábado, 30 de septiembre de 2017

Proceso de ejecución. Incidencia que produce la solicitud de personación y sucesión procesal por quien afirma haber adquirido el crédito objeto de ejecución. La AP reovca el Auto que deniega la sucesión, y no obstante, sin pago efectivo alguno por parte del deudor o de un tercero en su nombre, da por terminada la ejecución. Como la sucesión supone la salida de una parte la entrada de otra, si no se aprueba la sucesión, continúan en el proceso las partes iniciales, puesto que no puede suponerse que la ejecutante haya desistido o ha renunciado ni que se haya declarado satisfecha.

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 12ª) de 27 de abril de 2017 (D. José María Torres Fernández de Sevilla).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Despachada la ejecución en favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., y sin haber concluido la misma, se personó la entidad PRIME CREDIT 3, S.A.R.L. afirmando haber adquirido por cesión el crédito, lo que afirmaba constar en la escritura otorgada el 12 de diciembre de 2.012, aportando como única justificación una declaración de la ejecutante en la que se decía estar incluido el crédito reclamado en la indicada cesión que se había hecho, también según manifestaciones de la que se presenta como cesionaria, en bloque.
Por ello, solicitaba se le tuviera por personada como ejecutante.
El Juzgado dictó el 11 de marzo de 2.016 Auto por el que se consideraba extinguido el crédito, de modo que denegaba la sucesión y se daba por terminado el procedimiento.
Tal Auto es recurrido por la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA.
SEGUNDO. - Como fácilmente se infiere de la anterior exposición, el problema planteado surge de la incidencia que produce la solicitud de personación y sucesión procesal por quien afirma haber adquirido el crédito litigioso, en este caso, el crédito actuado en la demanda ejecutiva.
El Auto apelado deniega la sucesión, y no obstante, sin pago efectivo alguno por parte del deudor o de un tercero en su nombre, da por terminada la ejecución.

Demanda de juicio monitorio por impago de cuotas de comunidad de propietarios. Requerimiento de pago. Una vez agotados los intentos de notificación en el domicilio designado por el deudor, así como en el piso o local que pudiera tener en el edificio de la comunidad, se le hará la notificación a través de la publicación de edictos. Excepción a la regla general que en caso de falta de notificación y requerimiento de pago prevé el archivo del procedimiento monitorio.

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (s. 5ª) de 27 de abril de 2017 (D. Juan Márquez Romero).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- Es evidente la trascendencia que tiene el requerimiento de pago al deudor en el juicio monitorio que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que, de no pagar, ni comparecer alegando las razones de su negativa al pago, se despachará, sin más, la ejecución, que proseguirá conforme a lo dispuesto para la ejecución de sentencias, en la que no podrán formularse otros motivos de oposición que los previstos respecto de la misma, devengando la deuda, desde que se dicte el auto despachando la ejecución, los intereses de mora procesal del artículo 576 de dicha ley. Por ello, por las graves consecuencias que supone la no comparecencia del deudor, hay que entender que el requerimiento de pago, con el traslado de documentos y escrito inicial, ha de verificarse, necesariamente, en la forma ordinaria, esto es, la prevista en el artículo 161, al que remite el 815, 1, párrafo 2º, ambos de la repetida ley, y no es posible efectuarlo a través de edictos, que, ya se publiquen en el tablón de anuncios del Juzgado, o a través de su inserción en el boletín oficial, si así lo solicita el demandante, suponen una mera formalidad que no llega a conocimiento del deudor.
Y, en consonancia con ello, establece el párrafo último del artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadido por la reforma llevada a cabo por Ley 4/2.011, de 24 de Marzo, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que, " si tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el secretario judicial sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el juzgado competente ".

Demanda de juicio monitorio por impago de cuotas de préstamo para la adquisición de vehículo. Despacho de ejecución por incomparecencia del demandado. Se deniega la entrega del bien financiado. Se revoca el Decreto y el Auto que lo confirma en revisión. Declara la AP que una vez despachada la ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales (art. 816 LEC). Se trata de una remisión que, por lo tanto, no solo posibilita, sino que explícitamente ordena, la aplicación de la disciplina legal de la ejecución de sentencias y, por ende, la medida prevista en el art. 634.2 LEC que la juzgadora de primer grado ha denegado, consistente en la entrega del bien vendido o financiado a plazos cuyo impago se reclama.

Auto de la Audiencia Provincial de Les Illes Balears (s. 3ª) de 27 de abril de 2017 (Dª. Catalina María Moragues Vidal).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- En fecha 8 de julio de 2016 se dictó por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia n.º 21 de Palma el DECRETO 415/2016, en el procedimiento monitorio seguido a instancia de la entidad VOLKSWAGEN SA bajo el n.º 863/2014, frente a doña Emilia, en reclamación de 10.504,66 euros, resolución mediante la que ante la incomparecencia de la deudora y en aplicación del artículo 816 LEC, se acordaba archivar el procedimiento monitorio de referencia dando traslado al acreedor para que instara el despacho de ejecución, lo que así hizo la entidad acreedora mediante demanda presentada a tales efectos, en la que se solicitaba, entre otros, hacer entrega a la acreedora del vehículo financiado, Seat Ibiza.... ZXM, al constar inscrito a su favor en el Registro de Bienes Muebles la reserva de dominio sobre dicho vehículo de conformidad con la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, debiendo ser citada la ejecutada para que proceda a la entrega del vehículo con los apercibimientos legales, y, una vez obre en poder de la ejecutante y conforme se establece en el artículo 634.3 LEC, sea imputado su valor, asignado conforme las tablas oficiales aprobadas por el Mº de Hacienda, a la deuda reclamada.
En fecha 19 de julio de 2016, se dictó Auto despachando la ejecución solicitada y el subsiguiente DECRETO de embargo en el que, y en su apartado quinto se decía: Se hace saber a la ejecutante que la entrega directa del vehículo está únicamente prevista para el caso de ejecución de sentencias que condenen al pago de cantidades debidas por el incumplimiento de contratos de venta a plazos de Bienes Muebles (artículo 634.3 de la LEC).