Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril
de 2018 (D. Rafael Sarazá
Jimena).
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TERCERO.- Decisión del tribunal.
Estimación del motivo. Extemporaneidad del recurso de apelación
1.- Para resolver la impugnación
formulada en este motivo del recurso hay que partir de las actuaciones
procesales más relevantes para resolver esta cuestión. Tales actuaciones son
las siguientes:
- El 16 de mayo de 2016 se dictó la
sentencia de primera instancia, que se notificó a las partes el 17 de mayo de
2016. La notificación ha de tenerse por realizada al día siguiente al de su
recepción, conforme al artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo
que debe entenderse notificada el día 18 de mayo de 2016. El plazo de veinte
días para recurrir en apelación vencía el 15 de junio y, en consecuencia, el
recurso apelación podía presentarse hasta el 16 de junio de 2016 a las 15:00
horas por aplicación del art. 135.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- El 14 de junio de 2016, a las
21,55 horas, el demandado presentó un escrito en el que solicitaba que se
acordará expedir una copia de la grabación realizada en la vista, con
suspensión del plazo para interponer el recurso de apelación.
- El 17 de junio de 2016, el
demandante presentó un escrito en el que se oponía a que se suspendiera el
plazo para apelar la sentencia, por considerarla dilatoria e improcedente.
- Por decreto dictado el 14 de julio
de 2016, el letrado de la administración de justicia acordó realizar la copia
de la grabación y suspender el plazo para formular el recurso de apelación por
apreciar concurrencia de fuerza mayor, "contando dicha suspensión desde el
día 14 de junio de 2016". Este decreto fue objeto de recurso de revisión
interpuesto por el demandante, que fue desestimado por auto de 14 de noviembre
de 2016.
- Por diligencia de ordenación de 15
de julio de 2016, el letrado de la administración de justicia acordó el
levantamiento de la suspensión del plazo acordado por el Decreto anterior,
haciendo constar a la parte demandada que le restaban dos días para interponer
el recurso de apelación.
- En escrito presentado el 18 de
julio, el demandado alegó que la grabación que se le ha entregado presentaba
defectos técnicos que impedían visionar el acto del juicio, por lo que interesó
que se facilitara una grabación correcta y que se volviera a suspender el plazo
para interponer el recurso de apelación.
- Por diligencia de ordenación de 19
de julio de 2016, el letrado de la administración de justicia acordó hacer
entrega de la grabación en ese mismo día y reanudar el cómputo de los dos días
que restaban para interponer el recurso de apelación a partir de la
notificación de la resolución, notificación que se produjo ese mismo día.
- El demandante interpuso recurso de
reposición contra las diligencias de 15 y de 19 de julio, que concedían al
demandado el plazo de dos días para presentar el recurso de apelación, una vez
alzada la suspensión del plazo para apelar la sentencia. Dicho recurso fue
desestimado por decreto de 25 de noviembre de 2016.
- El 20 de julio de 2016 se presentó
el recurso de apelación por el demandado.
2.- La Audiencia Provincial desestimó
la alegación de inadmisibilidad del recurso de apelación formulada por el
apelado porque pese al error que supuso suspender el plazo para apelar la
sentencia, dado que la solicitud de una copia de la grabación del juicio no es
causa de suspensión del plazo, el apelante siguió escrupulosamente las pautas
marcadas en las resoluciones que dictó el letrado de la administración de
justicia del Juzgado de Primera Instancia, por lo que "la interpretación
que nos sugiere la apelada podría vulnerar el derecho a la tutela judicial
efectiva del art. 24 de la Constitución, a partir de una interpretación muy
restrictiva".
3.- La Audiencia Provincial reconoce
que la decisión de suspender, con efectos retroactivos, el plazo para
interponer el recurso de apelación adoptada por el letrado de la administración
de justicia del Juzgado de Primera Instancia no fue correcta.
Ciertamente, la solicitud de una
copia de la grabación de la vista formulada por el demandado con una antelación
inferior a cuarenta y ocho horas respecto del último momento en que era posible
presentar el recurso de apelación, no puede ser considerada en ningún caso como
una causa de fuerza mayor que justifique la suspensión del plazo para apelar.
4.- El demandado pudo haber obtenido la
copia de la grabación semanas atrás, desde el mismo momento en que se celebró
la vista o, en todo caso, desde que se le notificó la sentencia perjudicial
para sus intereses que determinó su decisión de recurrir, y no lo hizo hasta
que estaba prácticamente agotado el plazo para recurrir, por razones que solo a
él son imputables.
En tales circunstancias, la
solicitud de una copia de la grabación no puede permitir la prórroga del plazo
de interposición del recurso. En este caso, el plazo de veinte días hábiles
previsto en la ley se vio ampliado en la práctica por otro periodo similar.
La imposibilidad de recibir la copia
de la grabación de la vista dentro del plazo de recurso no es una causa de
fuerza mayor, pues en este caso tal imposibilidad fue debida a la falta de
diligencia de la parte que pretendía interponer el recurso, que la solicitó
cuando el plazo para recurrir estaba a punto de expirar.
5.- La Audiencia Provincial, para
admitir que el recurso no fue interpuesto extemporáneamente, afirma que el
recurrente siguió las pautas marcadas por el órgano judicial.
El argumento no se considera
acertado, porque estas "pautas" fueron acordadas y notificadas al
demandado una vez transcurrido con creces el plazo que tenía para recurrir la
sentencia. Por tanto, las "pautas" del letrado de la administración
de justicia no pudieron determinar la conducta del recurrente, que decidió
dejar transcurrir el plazo de interposición del recurso sin presentarlo.
6.- Que el tribunal no diera respuesta,
positiva o negativa, a la solicitud de suspensión del plazo para recurrir antes
de que dicho plazo transcurriera, solo es imputable al propio recurrente, que
formuló la solicitud cuando quedaban menos de cuarenta y ocho horas para
interponer el recurso, con lo que era prácticamente imposible que el tribunal
pudiera contestar a la solicitud de modo que el recurrente tuviera tiempo de
interponer el recurso dentro de plazo.
7.- Por tanto, el apelante formuló una
solicitud infundada de suspensión del plazo de recurso, que por su falta de
fundamento y por el momento en que se produjo ha de ser considerada abusiva, a
la que el órgano judicial no dio respuesta antes del transcurso del plazo para
recurrir porque era prácticamente imposible hacerlo, por lo cual el recurrente
no tenía la expectativa legítima de que el plazo fuera correctamente
suspendido. Si no presentó el recurso de apelación en plazo (por más que en un
momento posterior se dictara una resolución contraria a Derecho que accedía a
tal suspensión con efecto retroactivo al momento en que la suspensión fue
solicitada), tal circunstancia solo es imputable al propio recurrente.
8.- La consecuencia de lo expuesto es
que el recurso de apelación ha de considerarse formulado fuera de plazo. La
desestimación por la Audiencia Provincial de la alegación de inadmisión
formulada por el apelado ha de considerarse contraria a Derecho, vulnera las
normas esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la de la
improrrogabilidad de los plazos procesales, e infringe el derecho del
demandante a la igualdad de armas procesales en cuanto al respeto de los plazos
procesales y a que la resolución que estimó su pretensión solo fuera revocada
por la formulación de un recurso dentro del plazo previsto por las leyes para
interponerlo.
Debe recordarse que el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva ampara a ambas partes, no solo a
quien pretende interponer un recurso. La parte contraria tiene derecho a que el
proceso se desarrolle con respeto del principio de igualdad de armas
procesales, y que los plazos se cumplan para ambas partes.
CUARTO.- Costas y depósitos
1.- No procede hacer expresa imposición
de las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que ha sido
estimado, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Tampoco procede hacer expresa imposición de las costas
del recurso de casación, puesto que la estimación del recurso extraordinario
por infracción procesal impide entrar a resolverlo.
Respecto de las costas del recurso
de apelación, procede condenar a su pago al apelante, al resultar desestimado,
por causa de inadmisión.
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