Entrada y registro en domicilio. Encuentro casual de efectos constitutivos de un delito distinto del que fue objeto de la medida. Se ha impuesto en la doctrina del TS una posición favorable a la licitud de la investigación de aquellas otras conductas delictivas que nacen de los hallazgos acaecidos en un registro judicialmente autorizado. El que se estén investigando unos hechos delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar aquéllos, pues los funcionarios de Policía tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las diligencias de prevención.

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 (D. Francisco Monterde Ferrer).

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CUARTO.- El tercer motivo de Alonso se formula, al amparo del art. 852 LECr, por la vulneración del art 564 LECr, en relación al registro ordenado, y al delito de tenencia ilícita de armas.

1. Considera el recurrente que no estaba justificado el registro del domicilio de los padres de Alonso, pues es lógico que un hijo visite con frecuencia a sus padres, y añade que no existe evidencia de que el arma hallada le perteneciera a aquél.

2. La investigación y la declaración de los agentes encargados de la misma demostró que la vivienda en que se halló la pistola, aunque formalmente figuraba como el domicilio de los padres, no era habitada por ellos (el padre estaba ingresado en una residencia en Tui), y era en cambio frecuentada por Alonso que acudía a ella prácticamente a diario, razón por la cual se justificaba plenamente la autorización concedida para la entrada y registro. No hay duda de que la pistola semiautomática encontrada en el mismo le pertenecía a Alonso, pues era la única persona que tenía disponibilidad sobre ella y también se acreditó que el arma estaba en condiciones de funcionamiento y que carecía de licencia y guía de pertenencia.

3. En cuanto al hallazgo casual, es cierto que esta Sala, trasladando su doctrina sobre las escuchas telefónicas a la entrada y registro, resolvió algunos supuestos bajo un denominado principio de especialidad, concepto, a su vez, trasladado de la extradición. La jurisprudencia más reciente abandona dicha interpretación jurisprudencia destacando las diferencias existentes entre la intervención telefónica y la entrada y registro, tanto por la distinta afectación de una y otra diligencia sobre la intimidad, verdaderamente más intensa y directa en la intervención telefónica, como por la prolongación temporal de una y otra injerencia, pues la entrada y registro tiene acotada su duración temporal en una jornada y se desarrolla en unidad de acto, en tanto que la intervención telefónica tiene una duración que se prolonga a un mes susceptible de ampliación y, consecuentemente, con unas facultades de control judicial distintos. (Cfr. STS 28.4.95 y 7.6.97).

En esta última sentencia ya se señaló, que si en la práctica del registro aparecen objetos constitutivos de un cuerpo de posible delito distinto a aquél para cuya investigación se extendió el mandamiento habilitante, tal descubrimiento se instala en la nota de flagrancia por lo que, producida tal situación, la inmediata recogida de las mismas no es sino consecuencia de la norma general contenida en el art. 286 de la Ley Procesal.

En igual sentido, la STS 1149/97 de 26 de Septiembre que, referida a un encuentro casual de efectos constitutivos de un delito del que fue objeto de la injerencia, admite su validez siempre que se observen los requisitos de proporcionalidad y que la autorización y práctica se ajusten a los requisitos y exigencias legales y constitucionales.

Otras sentencias de esta Sala, asumen el criterio que ahora se reproduce. Así, la STS 7.2.94 afirma, que "si las pruebas casualmente halladas hubieran podido ser obtenidas mediante el procedimiento en el que se encontró, nada impide que tales pruebas puedan ser valoradas"; y la STS, 465/98 de 30 de marzo, "se ha impuesto en la doctrina de esta Sala una posición favorable a la licitud de la investigación de aquellas otras conductas delictivas que nacen de los hallazgos acaecidos en un registro judicialmente autorizado".

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se recoge un idéntico tratamiento con relación al hallazgo casual. Así, la STC 41/98, de 24 de febrero, afirma que "...el que se estén investigando unos hechos delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por casualidad al investigar aquéllos, pues los funcionarios de Policía tienen el deber de poner en conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, practicando incluso las diligencias de prevención..".

Por lo expuesto, entendemos es plenamente válido el registro efectuado y que en consecuencia, es susceptible de ser utilizado como prueba de los objetos y efectos encontrados.

Por todo ello, el motivo ha de ser desestimado.